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Desmilitaritzem l’Educació pide al Parlament la renovación y ampliación de sus compromisos para la desmilitarización de Cataluña recogidos en la Moción 55/XI

  • La coherencia de políticas, formaciones en escuelas sin armas y mantener a los agentes rurales como cuerpo no armado son los nuevos compromisos que recogen los tres nuevos puntos propuestos.

Barcelona, 1 de febrero de 2022. El 14 de julio de 2016 el Parlament de Catalunya aprobaba por mayoría la Moción 55/XI por la Desmilitarización de Cataluña, una propuesta presentada por la Plataforma Desmilitaritzem l’Educació. El texto planteaba importantes avances en materia de Construcción de Paz que se alinean con la Ley de Fomento de la Paz aprobada en el Parlament catalán en 2003. La Plataforma Desmilitaritzem l’Educació, después de trabajar en una valoración del cumplimiento de la moción desde su aprobación y de revisar el texto teniendo en cuenta nuevos análisis en relación a los niveles de militarización de Cataluña, ha decidido pedir la ampliación de la moción 55/XI con tres nuevos puntos.

La decisión proviene de que, a pesar de que los esfuerzos institucionales por cumplir con la moción han sido más que insuficientes, la campaña no quiere renunciar a seguir presionando por el cumplimiento de la moción y considera oportuno seguir avanzando y trabajando para transformar la sociedad hacia espacios libres de violencias. Por ello, la ampliación plantea tres puntos necesarios para avanzar en la construcción de paz en Cataluña. “Es importante continuar exigiendo compromisos a las instituciones para que hagan avances significativos en materia de construcción de paz, y eso pasa por dejar de normalizar el militarismo”, apunta Diana Janés, coordinadora de la secretaria de Moviments Socials de la USTEC·STEs (IAC) y miembro de Desmilitaritzem l’Educació en Barcelona.

Los puntos ampliados abordan cuestiones como la coherencia de políticas, con el fin de evitar que la Generalitat trabaje con proveedores implicados en la industria de armas. Un segundo punto de la ampliación tiene que ver con la reciente campaña lanzada por la plataforma sobre “Centros educativos objetores”, que busca que, en la medida de lo posible, el personal externo que hace formaciones en escuelas y otros espacios educativos no vaya armado. El último punto propuesto hace referencia a una polémica reciente relacionada con que el cuerpo de Agents Rurals no esté obligado a ir armado cuando realiza vigilancia e inspección, como propuso recientemente la Generalitat.

La plataforma volverá a pedir ahora apoyo por parte de los grupos parlamentarios de la Generalitat, buscando reafirmar el compromiso de los partidos que la aprobaron y el apoyo a los nuevos puntos de la moción ampliada. “La moción continúa siendo tan importante como cuando se aprobó hace 6 años, el gasto militar mundial sigue aumentando, las tensiones entre los miembros de la OTAN y Rusia siguen presentes y las personas desplazadas por la violencia no dejan de aumentar, se hace necesario actuar a nivel local para cuestionar las políticas militaristas y adquirir compromisos reales”, señala Jaume Añé de Desmilitaritzem l’Educació en Lleida.

Propuesta de ampliación:

  1. Aplicar medidas para establecer criterios de selección negativos para asegurarse que ningún productor de armas o financiador de armamento sea proveedor de servicios financieros de la administración. Al mismo tiempo, introducir proveedores financieros que formen parte del ecosistema de las finanzas éticas.

  1. Establecer un protocolo para que las diversas formaciones y talleres que se imparten en las escuelas sean realizadas por organizaciones civiles, prescindiendo de cuerpos y agentes armados (ejército, policía) siempre que sea posible. Y que, en caso de imposibilidad, los agentes de estos cuerpos que impartan las formaciones y talleres no accedan en el centro educativo con ningún arma.

  1. Garantizar que los agentes rurales continúen como cuerpo no armado y, por tanto, la modificación del DECRETO 249/2019, de 26 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de armas del Cuerpo de Agentes Rurales que obligaría a llevar el armamento de dotación y arma de fuego en el ejercicio de las funciones de vigilancia e inspección.

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