La militarización de nuestras vidas y el avance de los discursos fascistas no son fenómenos aislados, sino expresiones de una misma lógica de control y violencia. En Ceuta, esta lógica se ha manifestado con toda su crudeza a través del despliegue militar frente a las personas migrantes que cruzaron la frontera.
Tras el movimiento masivo de personas que supuso la muerte de más de 140 de ellas, hemos tenido que asistir no solo a la indiferencia con la que se ha ignorado este drama humano, despreciando la vida de cientos de personas y dejando claro que solo algunas vidas se consideran valiosas y sus pérdidas trágicas, sino también a la criminalización promovida por los discursos mediáticos y de la derecha, que han calificado estos hechos como un ataque a la integridad nacional, un asalto o una invasión.
Por su parte, el Estado ha desplegado toda su fuerza a través de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército. Mientras las ayudas humanitarias destinadas a garantizar unas condiciones mínimas de subsistencia a las personas migrantes que permanecían en Ceuta se encontraban con grandes impedimentos y una evidente escasez de recursos, el Ejército hacía gala, una vez más, de un amplio despliegue militar.
Una demostración de que sus funciones parecen encontrar su única razón de ser en el ejercicio de la violencia y la imposición de la fuerza contra quienes no pueden defenderse.
Hemos asistido a una violencia absolutamente deshumanizada contra los cuerpos y las vidas de las personas migrantes, sin distinción de género ni edad. Numerosas personas han denunciado palizas, vejaciones y actos de humillación organizadas por parte del Ejército, y ya el informe elaborado por Amnistía Internacional calificaba de torturas las prácticas llevadas a cabo por parte del Ejército en el terreno.
Entre otras, se han señalado prácticas como cortarles el pelo por la fuerza bajo amenaza de deportarlos si se negaban, cacerías que acababan en golpes y palizas, algunos eran rociados con spray pimienta en los ojos y cara, se les ha robado documentación, teléfonos y cualquier pertenencia que llevaran encima, e incluso deportaciones sumarias.
Se trata de formas de sumisión y violencia psicológica que pretenden quebrar a estas personas más allá del daño físico y que parecen encontrar, en estos ejercicios de humillación, una fuente de goce y disfrute para la que se nos acaban los adjetivos.
Nos sorprende e indigna la pasividad de los medios de comunicación y de las instituciones ante una situación de semejante gravedad. La única respuesta del Ministerio de Interior ha sido el silencio y el refuerzo del papel del ejército y sus funciones.
En realidad, no debería sorprendernos que las fuerzas políticas del Estado refuercen el papel de las Fuerzas Armadas, pues estas no dejan de ser su brazo armado, el instrumento a través del cual se ejerce la violencia contra aquellas vidas que se consideran despreciables y prescindibles.
El pasado 15 de octubre salieron a la luz, además, unos audios escalofriantes en los que se escuchaba a varios soldados hablar entre ellos a las puertas del CETI, bromeando sobre las humillaciones a las que sometían a las personas migrantes. Entre risas, comentaban que apalizarlas era más divertido sin guantes y proferían toda una serie de comentarios en los que alardeaban de las vejaciones cometidas. Sin ningún reparo, afirmaban: «Nosotros no somos policías, nosotros estamos hechos para matar».
Todo lo sucedido en Ceuta, así como los distintos episodios protagonizados por militares, no es sino una muestra descarnada de lo que realmente representa el Ejército, qué encarna, cuáles son sus objetivos y funciones y, sobre todo, cuál es el grado de impunidad y la carta blanca con la que actúa.
A menudo nos preocupa el gasto desproporcionado destinado a la militarización, la presencia policial en nuestras aulas y el aumento de los presupuestos de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad del Estado, mientras los recursos destinados a la sanidad y la educación se ven cada vez más mermados.
Sin embargo, nos preocupa aún más la forma en que todo ello se manifiesta en el presente, en una realidad en la que la violencia contra determinadas personas, por su color de piel o su origen, se ha naturalizado y se acepta plenamente, tanto en el ámbito institucional como en el mediático y el social.
Estas noticias no están teniendo la trascendencia que deberían, a pesar de las denuncias y de las evidencias que apuntan a la gravedad de la situación. No dejan de ser una expresión de lo que representan la violencia y las fuerzas militares: la posibilidad de ejercerla sin control, de manera casi individual y personal, sencillamente porque se puede hacer.
Este es el verdadero sentido del Ejército y esta es su manifestación más cruda.
Denunciamos con horror la violencia ejercida una y otra vez por el Ejército contra las vidas de las personas migrantes. Denunciamos la tortura, las palizas organizadas y las vejaciones como instrumentos de la fuerza del Estado, prácticas que no parecen tener otro objetivo que ejercer una violencia organizada contra estas personas para que abandonen el territorio «voluntariamente» o que, en el peor de los casos, responden al puro disfrute que algunos encuentran en el ejercicio deshumanizado de la violencia.
Denunciamos, asimismo, la banalización de estas prácticas y expresamos nuestra preocupación ante el riesgo de que se normalicen sin que se genere un debate social a su alrededor.
Por todo ello, exigimos respuestas y responsabilidades ante todas estas denuncias, así como la retirada de las fuerzas militares del territorio ceutí.
Normalizar e incluso legitimar la violencia del Ejército, tal y como la hemos visto manifestarse dentro del territorio estatal, abre las puertas a una sociedad deshumanizada y a unas fuerzas del Estado que actúan sin reconocer límite alguno.